Los plazos constitucionales del recurso de referéndum son inmodificables para cualquier autoridad

La Comisión Pro Referéndum de la Ley 19.889, promulgada el 9 de julio de 2020, conocida como Ley de Urgente Consideración (coloquialmente la LUC), ha requerido al sistema político la extensión del plazo constitucional para presentar las firmas necesarias, ya que no sería posible disponer de la suficiente movilidad y propaganda ante la ciudadanía a causa de la pandemia del COVID-19.

El art. 79 de la Constitución dispone:

“El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.”

El texto es demasiado claro para comprender que el pedido de extensión del plazo mediante una ley interpretativa o reglamentaria, y cualquier consideración posterior que pudieran hacer los legisladores nacionales, resultan absolutamente ilegítimos desde el punto de vista constitucional. No se trata de obtener voluntades políticas, gestos de buena voluntad o comprensión de los líderes o referentes parlamentarios. Es una cuestión enteramente jurídica.

La primera regla que cualquier especialista constitucional explicaría a sus estudiantes en un caso como éste, es que la Constitución siempre debe leerse e interpretarse bajo la premisa de que sus preceptos son directamente aplicables a la realidad, con el alcance literal establecido y de ninguna forma puede sostenerse caminos o formas de interpretarlas que sean contrarias al texto. Ningún intérprete, y menos un legislador o cualquier otro gobernante, podría alterar la integridad de los textos constitucionales.

Vamos a plantear algunas reflexiones para ayudar a visualizar lo que comentamos recién.

¿Es posible sancionar una ley que altere el plazo anual para interponer el recurso de referéndum, fijando en seis meses o en dos años? ¿Si en vez de en vez de computar el plazo desde la promulgación, lo hacemos desde la vigencia efectiva? ¿Podríamos habilitar a la Comisión Pro Referéndum a que presente las firmas necesarias (25% del total de inscriptos habilitados para votar), pero por tramos o etapas?  

Evidentemente nada de esto sería posible.

En primer lugar, porque una ley que actuara en ese sentido sería inconstitucional por vulnerar los preceptos contenidos en el art. 79. La Suprema Corte de Justicia intervendría para declararla inaplicable a instancia de cualquier ciudadano, Partido Político, del Poder Ejecutivo o de la misma Corte Electoral.

Segundo: la Constitución no permite ni habilita interferir especialmente en cuanto a la organización y distribución de competencias de los poderes públicos, y menos en los institutos de democracia directa como éste. Es parte esencial de la democracia que ningún legislador, partido político o ciudadano altere en ningún sentido lo que constituyen las bases esenciales de la democracia y nuestra república. De alguna manera, es lo que se imaginaban los constituyentes cuando regularon el atentado constitucional en el art. 330:

“El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación”.

Mas que una sanción penal, es una norma claramente disuasiva de conductas que subviertan los preceptos constitucionales y las bases de la república.

Todavía hay otras razones más entroncadas con la equiparación de derechos ciudadanos. Cuando se gestiona un recurso de referéndum significa impugnar lo que fue resuelto por el Poder Legislativo (que sancionó la ley impugnada) y el Poder Ejecutivo (que la promulgó en su calidad de co-legislador, absteniéndose de ejercer el derecho a vetarla). No se trata de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional ni una propuesta de nuevos preceptos constitucionales que buscan consensos o aprobaciones posteriores. Es una acción ciudadana que moviliza el rechazo a una ley a pesar que esa ley tiene naturalmente el respaldo de un núcleo mayoritario de ciudadanos representados en el parlamento y en el gobierno. Quiere decir que políticamente hablando, requerir la extensión del plazo anual para presentar firmas en el referéndum, además de su contenido inconstitucional, incide en el normal curso de los derechos ciudadanos, beneficiando o dando un trato discriminatorio a un grupo (impugnante) frente a otro (adherente). Este equilibrio lo cuida la Constitución en el art. 79 por medio de reglas claras y transparentes. Ninguna autoridad puede ingresar en esa disputa porque ya quedó laudada por la sociedad cuando aprobó esta norma en el año 1966.

No queremos cerrar estos comentarios sin referir a un antecedente que puede invocarse: la Ley 19.875 de 8 de abril de 2020 que invoca la pandemia del Covid-19 para prorrogar las elecciones departamentales y municipales.

Esta ley es realmente excepcional dentro de nuestro orden jurídico, porque habilitó a la Corte Electoral a prorrogar las elecciones departamentales y municipales, previstas en la Constitución para el segundo domingo del mes de mayo de 2020 (art. 77 numeral 9), fijándolas “no más allá del domingo 4 de octubre de 2020”. Alteró el curso normal de las elecciones en cuanto a la fecha de celebración del acto eleccionario, aún cuando hubo un consenso político sólido para salir de la dificultad institucional. En una mirada netamente técnica, se trata de una ley que resuelve un caso extraordinario de una manera también especial, pero que no se ajusta a la rigurosidad de la exigencia constitucional.

Entonces, ¿por qué en este caso sí se modificó por ley un plazo constitucional? Con independencia de elementos obvios de imposibilidad de acceso ciudadano a los centros de votación, con lo que se conculcaba el derecho superior al sufragio universal y secreto, la misma Constitución permitía reorganizar este acto eleccionario. La ley invoca el art. 322 literal A), que otorga competencia a la Corte Electoral para “conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales”; esto es, una competencia abierta a favor de la discreción y resolución de la Corte Electoral.

La ley 19.875 le quitó el peso político a los miembros de la Corte Electoral de emitir una resolución que prorrogara un acto eleccionario en contra de la Constitución. La ley además logró conjuntar a los distintos partidos políticos representados en el parlamento de manera que el consenso -unanimidad diríamos- pasó a ser un sustento vital para ordenar la cuestión electoral.

Hemos señalado en otro comentario que, entre varios elementos en consideración, la habilitación genuina podría venir dada también por otra norma dentro de la misma Constitución, contenida en el art. 327:

“La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General. En tal caso deberá convocar a una nueva elección -total o parcial- la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad.”

Así que no se trata de situaciones similares porque aquí la solución la resuelve la misma Constitución.

One Comment

  1. Anónimo

    Muy bueno

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